sábado, 16 de marzo de 2013

El Gobierno aprueba compatibilizar trabajo y pension


El Gobierno aprueba que cualquier trabajador, excepto los funcionarios públicos, puedan compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia o ajena.

Así lo recoge el real decreto ley 5/2013 de 15 de marzo, publicado hoy según el cual, el trabajo será compatible con la pensión "ordinaria o demorada", es decir, no con la anticipada ni bonificada por trabajos penosos o tóxicos

Para acceder a esta modalidad, el trabajador debe haber cumplido la edad ordinaria de jubilación y se restringe a quienes tengan derecho a la pensión completa.

El decreto establece una cuantía del 50 % de la pensión que corresponda al trabajador y de las sucesivas revalorizaciones que se vayan produciendo y cuando acabe el contrato o cuando el trabajador decida jubilarse de modo definitivo percibirá el 100 % de la pensión y en su caso el complemento a mínimos al que tuviera derecho.

Empresa y trabajador pensionista cotizarán sólo por incapacidad temporal y contingencias profesionales, no dará lugar por tanto a prestaciones adicionales al no haber cotizaciones específicas.

Se incorpora una "cuota de solidaridad" del 8 % que no computa para las prestaciones de la que el 6 % va a cargo de la empresa y del 2 % del trabajador. 




Los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo deberán tener más años cotizados (35 años) y se quedarán con una pensión menor, mientras que tendrán más facilidades quienes quieran compatibilizar su prestación con un trabajo. 


Asimismo, endurece el acceso de los mayores de 55 años al subsidio por desempleo, del que se registran 7.000 solicitudes al mes. Esta es la única ayuda que les queda antes de empezar a cobrar la pensión de jubilación y tras haber agotado su prestación por paro. Para cobrarlo no se tendrá en cuenta, como hasta ahora, sólo las rentas del beneficiario, sino las de la unidad familiar, que no podrán superar el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (641,30 euros para 2013) excluida la parte de las pagas extraordinarias.


La norma no tendrá carácter retroactivo para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presentados antes del 15 abril ante las autoridades de Empleo y cuyos efectos duren hasta 2019.


En lo que respecta a las jubilaciones anticipadas, la voluntaria sólo podrá pedirse dos años antes de cumplir la edad legal de jubilación vigente en cada ejercicio (67 años en 2027), en tanto que la forzosa podrá adelantarse como máximo 4 años.


Más fácil lo tendrá cualquier persona que quiera compatibilizar su pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia o ajena. Para ello habrá que haber llegado a la edad legal de jubilación y tener adquirido el 100% de la base reguladora. Quienes opten por esta modalidad recibirán el 50% de su pensión y el salario que obtengan por seguir en activo, que en el caso de los funcionarios sólo podrá provenir de una empresa privada.


Para las grandes empresas (con 100 o más empleados) que hagan despidos colectivos e incluyan a mayores de 50 años, se fija que tendrán que costear la prestación por desempleo de estos trabajadores si entre el año anterior al despido y los cuatro siguientes al mismo encadenan dos ejercicios positivos.


Discriminación por edad


Según la norma, las aportaciones deberán realizarse cuando exista discriminación por razón de edad en los despidos, es decir, cuando el porcentaje de trabajadores de más de 50 años incluidos en el despido colectivo sea superior al peso de ese colectivo en la plantilla de la empresa. De esta forma, una empresa con 100 empleados, de los que 25 tengan más de 50 años, podría plantear un despido colectivo de 20 personas sin aportación al Tesoro para prestación por desempleo, si sólo incluye entre 1 y 5 trabajadores de más de 50 años.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que la reforma servirá para promover el "envejecimiento activo" de la población y alargar la vida laboral. Igualmente servirá para hacer más sostenible el sistema público de pensiones, a pesar de que, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, no está en peligro y las prestaciones están garantizadas.



Fuente: Agencia EFE

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